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Noviembre 2014 (ANF/METRO).- Su origen es una madeja jurídica tan compleja como las que –por ley– debe desenredar en sus funciones. La Corte Constitucional (CC), el organismo máximo de interpretación de la Constitución en el país y el único con capacidad de autorizar un juicio político al presidente de la República, nació marcado por la polémica antes de, incluso, adoptar su nombre actual. Hoy sigue en la mira por resoluciones que han sido calificadas por varios sectores de falta de independencia. Ha acatado casi todos los planteamientos del Gobierno.

Los cuestionamientos empezaron en abril del 2007, cuando el denominado 'Congreso de los Manteles', destituyó a los vocales del entonces Tribunal Constitucional (TC), en funciones desde febrero del 2006, basados en una interpretación de la Constitución de 1998. Y eligió al nuevo organismo.

Uno de los postulados por el Ejecutivo fue Patricio Pazmiño, quien colaboró en la redacción del estatuto electoral de la Constituyente, y fue elegido como presidente, cargo que tiene hasta hoy, en las tres diferentes etapas del órgano constitucional.

Este nuevo TC dio paso a las primeras reformas a la Constitución, esa que asambleístas oficialistas proclamaron que duraría 300 años tras su aprobación en octubre del 2008. Las hizo luego de autoproclamarse Corte Constitucional en transición, al día siguiente de que la Carta Magna entrara en vigor.

Ese TC, señala Andrés Páez, asambleísta de CREO, no podía autoproclamarse porque el Régimen de Transición que se aprobó con la Constitución establecía que la primera Corte se conformaría una vez constituidas las demás funciones del Estado. Eso se dio a mediados del 2010, por lo que, dice, el TC debía haber cesado en funciones.

El Tribunal interpretó la nueva Constitución y concluyó que el país no podía quedarse sin el órgano de decisión Constitucional, y que la Asamblea de Montecristi no había dejado claro qué pasaría con sus miembros.

Alberto Acosta, expresidente de la Constituyente, lo cuestiona: "Esa interpretación antojadiza del Tribunal Constitucional, para metamorfosearse en Corte Constitucional, no tiene asidero en la Constitución del 2008. Fue la primera violación a la naciente Constitución, por parte de quienes debían haber dado muestras de que son los primeros en respetarla".

La CC en transición aprobó el llamado a consulta popular en mayo del 2011 para concretar la 'metida de mano', como le denominó el mismo Correa, a la Función Judicial. La Constitución (art. 179) establecía que el Consejo de la Judicatura (CJ) debía integrarse por nueve miembros, elegidos por concurso de méritos y oposición, y se reformó para que exista un CJ Transitorio integrado por tres delegados del Ejecutivo, Legislativo y función de Transparencia, afín al régimen. Y se cambió la integración del CJ con cinco delegados de las funciones del Estado.

Otras resoluciones generaron polémica. En el 2010, la CC sentenció que las consultas prelegislativas en torno a la aprobación de la Ley de Agua y la de Minería tengan el carácter de no vinculante. En julio del 2012 admitió la reforma (vía veto presidencial) al artículo 203 del Código de la Democracia, que manda a los medios de comunicación abstenerse de hacer "promoción directa o indirecta" que incida a favor o en contra de un candidato o tesis política.

Las críticas volvieron en octubre del 2012 con el concurso para integrar la nueva CC, en el que resultaron elegidos tres miembros de la de Transición: Patricio Pazmiño, Ruth Seni y Manuel Viteri. Pazmiño, que en el 2008 reconoció a Correa y al canciller Ricardo Patiño, como sus "amigos" en entrevista con EL UNIVERSO, volvió a ser elegido presidente. El martes en Ecuadorradio dijo que no ha llegado al puesto de la mano del régimen. Aduce no haber sido funcionario del Gobierno.

La nueva Corte, en funciones desde noviembre del 2012, ha emitido 488 sentencias hasta octubre de este año. Al 2013 corresponden 248, de las que 200 podían descargarse de la web. De estas, 22 fueron solicitadas por la Secretaría Jurídica de la Presidencia, cinco fueron peticiones de Correa y las restantes de ciudadanos, tribunales y otros entes estatales.

Una de las presentadas ese año fue la demanda de inconstitucionalidad de la Ley de Comunicación. La Corte Constitucional la descartó parcialmente en septiembre pasado, con lo cual se estableció la comunicación como servicio público.

Santiago Basabe, profesor investigador del Departamento de Estudios Políticos de la Flacso, dice que cortes como la Constitucional deben gozar de legitimidad social y profesional ante el foro de los abogados y del derecho y que esta no cumple con ninguna de las dos.

Compara la integración de la Corte Suprema y de la CC a lo largo de la historia, en las que siempre hubo injerencia política. La diferencia es que antes estaba distribuida entre partidos y jueces: "Ahora el tema es que hay injerencia de un solo partido, entonces la cosa fluye más en beneficio de los intereses políticos del Gobierno y ese equilibrio tácito, al menos, que existían antes, desapareció".

El constitucionalista Rafael Oyarte dice que algunas de las críticas contra la CC se dan por el tiempo empleado para las causas: "Hay unas que ingresan a la CC y se quedan ahí cuatro o cinco años y no se despachan. Otras, en cambio, se despachan muy rápido, incluso con una celeridad tan extraordinaria que llama la atención".

Una de ellas fue el paquete de enmiendas a la Carta Magna. En cuatro meses la CC dio paso (el viernes 31 pasado antes del feriado y tras sesionar en un hotel de Guayaquil) a 16 de las 17 para que sean tramitadas por la Asamblea, sin requerir consulta popular.

El juez de la CC, Antonio Gagliardo, defiende la independencia del organismo, dice que ellos accedieron "solo a los 16" y actuaron apegados a lo jurídico. Como muestra señala que muchos de sus fallos son en contra del Ejecutivo en casos como acciones de protección.

Los magistrados de la CC

Patricio Pazmiño Freire
Doctor en Jurisprudencia por la Universidad Central y máster en Ciencias Sociales por la Flacso. En el 2007 presidió el Tribunal Constitucional y desde el 2008 está al frente de la CC. Fue director de Consultoría Legal de la Procuraduría, coordinador de la comisión que redactó el estatuto de la Asamblea (2007). Fue el candidato de la Función Ejecutiva. Logró 94 puntos tras la recalificación.

Wendy Molina
Doctora en Jurisprudencia por la Universidad Internacional. Fue asesora de Pazmiño en la CC en transición. Actual vicepresidenta de la CC y jueza ponente de las enmiendas. Fue candidata por la Función de Transparencia. Obtuvo el primer puesto (96 puntos) tras la recalificación.

Alfredo Ruiz Guzmán
Abogado con un diplomado en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales por la Universidad de Guayaquil, donde fue decano de la Facultad de Jurisprudencia. Fue candidatizado por la Función Legislativa. Logró 95 puntos con la recalificación.

María del Carmen Maldonado
Doctora en Jurisprudencia por la Universidad Central del Ecuador. Fue asesora de Fernando Cedeño, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ente que es parte de la Función de Transparencia que la postuló. Entró con 93 puntos.

Antonio Gagliardo
Abogado y máster en Ciencias Penales y Criminológicas. Es hermano gemelo de Gastón, el asambleís-ta de AP, y fue fiscal distrital del Guayas. Desestimó la denuncia contra el juez Juan Paredes en el caso EL UNIVERSO. Fue candidato por la Función de Transparencia. Logró 91 puntos.

Marcelo Jaramillo
Doctor en Jurisprudencia. Como coor-dinador jurídico de la Senplades fue designado miembro del directorio de Ecuador TV en el 2012. Exasesor del entonces ministro de Bienestar Social, Raúl Patiño (hermano del canciller). Lo postuló la Función Legislativa. Logró 92 puntos.

Tatiana Ordeñana
Doctora en Jurisprudencia por la Universidad de Guayaquil. En el 2009 era directora del Innfa en Guayas y luego en marzo del 2010 fue consejera del Con-sejo de Participación Ciudadana y Control Social. Postulada por la Función Ejecutiva, logró 93 puntos con la recalificación.

Manuel Viteri Olvera
Doctor en Jurisprudencia. Fue miembro del otrora Tribunal Constitucional desde febrero del 2006 hasta octubre del 2008 cuando asume como juez constitucional. Es hermano de Víctor Hugo Sicouret (PRE). Postulado por la Función Ejecutiva. Logró 91 puntos finales.

Ruth Seni Pinoargote
Doctora en Jurisprudencia y especialista en Derecho Procesal. En 1995 fue escogida jueza de la Corte Suprema de Justicia. Fue jueza de lo Civil, ministra de la Corte Superior de Portoviejo. Magistrada de la CC en transición. Postulada por el Ejecutivo. Logró 92 puntos.

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