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Ordenan el embargo de bienes a salvadoreños implicados en el caso de la italiana ENEL

Ordenan el embargo de bienes a salvadoreños implicados en el caso de la italiana ENEL Entre los nueve implicados, que son procesados en libertad, está el exministro de Economía salvadoreño Miguel Lacayo. EFE/Archivo Ordenan el embargo de bienes a salvadoreños implicados en el caso de la italiana ENEL Entre los nueve implicados, que son procesados en libertad, está el exministro de Economía salvadoreño Miguel Lacayo. EFE/Archivo

San Salvador, Mar (EFE/METRO).- La Cámara Primero de lo Penal de El Salvador ordenó el embargo de bienes de nueve exfuncionarios imputados de supuesta corrupción en un contrato entre la empresa estatal de energía salvadoreña y la italiana ENEL, informó hoy una fuente oficial.


Asimismo, revocó el sobreseimiento definitivo contra dos de los 12 sobreseídos por este mismo caso, en noviembre de 2013, indica la resolución de la Cámara de lo Penal, proporcionada a Efe por la unidad de prensa de los juzgados salvadoreños.
La resolución ordena "la medida cautelar patrimonial de embargo en los bienes" de los nueve procesados por el delito de peculado (malversación) y "de las sociedades ENEL Green Power S.p.A. y ENEL Green Power El Salvador S.A. de C.V.".
Entre los nueve implicados, que son procesados en libertad, está el exministro de Economía Miguel Lacayo, el expresidente de la autónoma Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) Guillermo Sol Bang, y varios exdirectivos de esta institución.
La resolución revoca, además, "el sobreseimiento definitivo dictado a favor de los imputados Jaime Luis Torres Alvarado y Paolo Pietrogrande, por el delito de peculado en prejuicio de CEL".
La Cámara de lo Penal ordena al Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador hacer efectivo el embargo, cuyo monto "deberá definir previamente ante (...) la Fiscalía General de la República".
Los 21 involucrados en este caso fueron funcionarios del Gobierno de Francisco Flores (1999-2004), de los cuales 12 fueron sobreseídos en noviembre pasado, pero hoy la Cámara de lo Penal revirtió esa orden contra dos de ellos.
El 11 de noviembre del año pasado la Fiscalía General de la República (FGR) acusó de responsabilidad civil a los 21 exfuncionarios y a nueve de ellos les añadió el delito de peculado.
La FGR sostiene que las anomalías y supuestos actos de corrupción cometidos en la negociación entre la CEL y la italiana ENEL le ocasionó pérdidas por unos 1.000 millones de dólares al Estado salvadoreño.
El presidente Mauricio Funes ha denunciado en reiteradas ocasiones que ese contrato suponía una "privatización encubierta" de una empresa de la CEL.
ENEL ganó una licitación internacional celebrada por el Gobierno salvadoreño y en 2002 se firmó el acuerdo de inversión mediante el cual la compañía italiana se convirtió en dueña del 36 % de las acciones de la estatal geotérmica LaGeo, cuyo socio mayoritario es la CEL a través de la subsidiaria Inversiones Energéticas (INE).
Sin embargo, la CEL no tenía facultades legales para ceder a favor de ENEL un 4 % adicional de su participación en LaGeO, ni aceptar que la inversión de la italiana se convirtiera en acciones de LaGeo, alcanzando el 53 %, lo que sería una "privatización encubierta", según Funes.
El Salvador fue condenado en 2011 por un arbitraje internacional por supuesto incumplimiento al contrato con ENEL, sentencia que el Gobierno de Funes se niega a acatar.
El supuesto incumplimiento se dio cuando la CEL rechazó que ENEL invirtiera 127 millones de dólares en LaGeo, operación que le daría la mayoría de acciones de la empresa salvadoreña.

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